(DIB).- El Gobierno bonaerense echará a cerca de 30 jefes policiales que no presentaron sus declaraciones juradas tal como lo exige un decreto impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal.
Se trata de policías bonaerenses con el grado de comisarios y subcomisarios, quienes estaban obligados a presentar el listado de sus bienes y ahorros ante la Escribanía General de Gobierno y la Dirección de Asuntos Internos, pero no cumplieron con la orden.
La disposición alcanzaba a más de siete mil efectivos de la fuerza. A principios de año, 274 no lo habían hecho en la Escribanía de Gobierno y 129 ante la auditoría, mientras que unos 58 no habían comparecido ante ninguno de los dos organismos.
En ese marco, ante el ultimátum realizado por el Gobierno, otros 20 oficiales se pusieron a derecho, pero unos 30 continuaron con su situación irregular, por lo que desde el Gobierno adelantaron que serán cesanteados de la fuerza.
Desde el ministerio de Seguridad que conduce Cristian Ritondo explicaron que “la falta es grave, por no cumplir dos mandatos administrativos y no querer mostrar su patrimonio”. Además, explicaron que aquellos policías que demoraron en entregar sus declaraciones serán suspendidos por 60 días.
Tras el análisis de las declaraciones juradas presentadas, Asuntos Internos inició 300 sumarios por “enriquecimiento ilícito”. De esos casos, 73 llegaron a la Justicia, y siete oficiales fueron acusados de lavado de activos.
