LA PLATA, sep 22 (DIB).- La cámara de Diputados bonaerense avanzó hoy en el establecimiento de un nuevo procedimiento de adopciones para la provincia, al aprobar por unanimidad dos proyectos de ley que acortarán los plazos previstos en la actualidad.
Las iniciativas establecen, por un lado, el procedimiento de adopción que regirá en todo el territorio provincial; y por otro, una modificación al régimen de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, para adecuarlo a la nueva normativa.
Según se explicó, la idea es reducir los procedimientos de adopción, que hoy promedian los 8 años, a solo 3, mientras que el juez tendrá como máximo un año para definir la situación del niño.
La iniciativa busca “resguardar principalmente el interés superior del niño” y establece una serie de procedimientos para determinar si los menores se encuentran o no en “estado de adoptabilidad”, para cuya sanción se establece un tope de seis meses, prorrogables por igual período.
Según Iván Budassi, uno de los autores del proyecto, “se crea un procedimiento especial para el trámite judicial de la adopción. El objetivo fundamental es tratar de agilizar la resolución de la situación de los niños en situación de riesgo y abandono para, en caso de resultar imposible su reinserción en su núcleo familiar biológico, resolver de forma rápida la declaración sobre su estado de adoptabilidad”.
En efecto, el proyecto dispone que el magistrado que se haga cargo del procedimiento -Juez de Familia del domicilio donde el niño resida- deberá estudiar el “estado de adoptabilidad” del menor, y para ello tendrá que identificar a padres, tutores o familiares y realizar estudios psicosociológicos.
En un plazo de seis meses, prorrogables por un período similar, el magistrado deberá evaluar si están dadas las condiciones para que el niño sea restituido a su familia o decide su adopción. Esta última decisión se tomará de forma sumaria en caso de que se comprobase la “situación de abandono” del menor o sus padres o tutores no comparezcan ante el juez.
También se incluye la posibilidad de la “entrega voluntaria” cuando los progenitores decidan entregarlo en adopción, aún durante el período de embarazo. Este paso plantea una audiencia previa en la que se les informará sobre los efectos de la adopción, y se indagará sobre los motivos por los cuales pretenden dar a su hijo en adopción y dejar constancia del estado en que se encuentra el niño.
Completado ese trámite, el juez deberá comunicar su decisión al Registro de Aspirantes a Guardas, que a su vez deberá remitir, en cinco días, el listado de postulantes. Tras ello, en menos de tres semanas, deberá resolver iniciar la acción de guarda, proceso en el que intervendrán los familiares del menor.
Una vez obtenida la guarda, se abre un período de evaluación –cuyos plazos no son establecidos por la Ley- para el otorgamiento de la adopción definitiva, que deberá tramitarse bajo las normas de “procedimiento sumario”.
En tanto, el otro proyecto tratado modifica cinco artículos de la ley de Promoción y Protección de Niños y Adolescentes con el objetivo de compatibilizarlas con el procedimiento de adopción.
Con los cambios, “se pretende otorgar mayores facultades a los servicios locales de protección de derechos, permitiendo a los municipios desburocratizar su actuación, y que puedan acudir en forma directa a la justicia en busca de una solución ante situaciones de vulneración de derechos”.
En los fundamentos del proyecto se critica el sistema actual, al sostener que se busca “terminar con la situación de los niños, niñas y adolescentes invisibilizados bajo la figuras de abrigos, familias sustitutas, hogares, ONG’s, guardas o cualquier otro nombre que se le dé a la institucionalización, que no es más que un modo de enmascararlas, reproduciendo un esquema administrativo paternalista”.
“La necesidad de establecer plazos se debe a que, hay casos de niños, niñas y adolescentes que ingresan en programas pensados para contención temporaria, permanecen por tiempo indefinido junto a familias con las que crean vínculos muy distintos a los pensados por el sistema”, finalizan.

APOYO UNÁNIME
Las iniciativas lograron el acompañamiento de los 70 diputados presentes en el recinto, quienes destacaron el nivel de consenso conseguido para avanzar con la iniciativa.
En primer lugar, el diputado Marcelo Feliú, quien defendió el proyecto por parte del oficialismo, indicó que la iniciativa busca “otorgar herramientas para que tengamos plazos razonables para el proceso de adopción, con el respeto de los derechos de todas las partes”.
Por su parte, el presidente del bloque de Unión Celeste y Blanco, Ramiro Gutiérrez, sostuvo que “para los niños hay problemas que parecen que no tener solución, los niños no pueden decidir sobre su felicidad, sobre el abandono, pero los adultos si pueden cambiar esta realidad. Hoy es un día importante para la Legislatura, son esos días en que uno se siente bien como legislador”.
En tanto, la diputada radical, Cecilia Moreau, indicó que “haber alcanzado esta sanción nos llena de satisfacción ya que es un proyecto que hemos trabajado durante meses con casi todos los bloques de esta Cámara, hemos realizado jornadas de debate en distintos lugares de nuestra provincia donde participaron destacados profesionales y expertos en la materia”.
EN esa línea, Juan de Jesús (FpV) resaltó que “hubo un amplio consenso y amplia madurez para haber podido percibir un reclamo largamente esperado porque hay una cantidad importante de chicos que necesitan tener una familia y es un derecho que le asiste”.
Finalmente, la diputada de la CC, Natalia Gradaschi, opinó que “hoy abrimos el camino para que cerca de 5 mil chicos institucionalizados y unas 17.600 parejas inscriptas en el Registro de aspirantes puedan conformar una familia, con mayor claridad y celeridad en sus procedimientos, y preservando el derecho a la revinculación de los niños y niñas con sus familias de origen”.

EL DATO
En la Provincia existen 17.601 familias que se encuentran inscriptas como adoptantes y más de 5.000 chicos institucionalizados. (DIB)