09/11/2011
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados buscará emitir dictamen este miércoles de un proyecto de ley que regula los derechos de los enfermos "terminales" o en agonía, más conocido como de "muerte digna".
La iniciativa, que consiguió dictamen la semana pasada de la comisión de Salud, será discutida este miércoles a partir de las 12 en las comisiones de Legislación General y Derechos Humanos, en la sala 5 del edificio anexo de la Cámara baja.
La norma, que en caso de recibir dictamen este miércoles estaría lista para ser debatida en el recinto, "reconoce y asegura los proyectos autonómicos de la persona, como así también el respeto a su voluntad en el proceso de la muerte, incluyendo una declaración vital de voluntad".
La iniciativa, consensuada entre dos textos de los diputados Carlos Vega y Gerardo Milman, recibió la semana pasada el aval de la mayoría de los bloques en la comisión de Salud, que preside el kirchnerista Antonio Morante.
"Se trata de evitar el encarnizamiento terapéutico y la industria de la muerte", afirmó Vega días atrás en la reunión de comisión.
El texto regula además los "deberes del personal sanitario" que atiende a ese tipo de pacientes y establece las "garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar en ese proceso".
"La persona que se encuentre en el proceso de muerte, agonía o terminal, tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios", sostiene parte del articulado.
La idea expresada días atrás por los diputados es que la ley "no deje puertas abiertas a la judicialización de la decisión del paciente".
El proyecto define como "consentimiento informado" a la "conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades" para decidir sobre su proceso de muerte, tras haber recibido información o diagnóstico médico irreversible por parte de los profesionales.
Se trata de una manifestación escrita, que será incorporada a un "Registro de Voluntades Vitales Anticipadas", en la cual las personas "consciente y libremente" expresan "instrucciones que deberán respetarse en la atención sanitaria que reciba en caso de enfermedad terminal".
También, el proyecto impulsa la creación de un Registro de Objeción de Conciencia, en el que podrán ampararse los profesionales que no deseen tener responsabilidad en este tipo de casos terminales.
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